Da largas IMSS a urgente tratamiento contra el cáncer para Rosa Andrea Gómez
Por: Ricardo Meza Godoy / PyC
Se trata de una exigencia y un llamado de auxilio para que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) den el tratamiento médico requerido a una de sus derechohabientes, Rosa Andrea Gómez Zúñiga, a quien no le han atendido adecuadamente, y por la urgencia de su enfermedad se ha visto obligada a buscar tratamientos, sumamente costosos, en hospitales privados.
Desde finales de 2024 su situación se ha tornado cada vez más complicada. Estando embarazada de 24 semanas, recibió el diagnóstico de tener un agresivo cáncer denominado colangiocarcinoma, que le ha llevado a buscar urgentemente un servicio que hasta el momento no se le ha dado en el IMSS. De ahí su llamado a que le sean respetados sus derechos de atención médica oportuna y adecuada.
Rosa narró a Personas y Circunstancias la secuencia de las dificultades que ha tenido que enfrentar:
Me llamo Rosa Andrea Gómez Zúñiga. Tengo 42 años y he sido derechohabiente del IMSS desde 1998, con más de mil semanas cotizadas.
En octubre de 2024, durante mi embarazo de 24 semanas, recibí uno de los diagnósticos más temidos: colangiocarcinoma, un cáncer agresivo en las vías biliares. Desde ese momento, comenzó una doble lucha por mi vida y la de mi hija, quien nació prematuramente a las 26 semanas.
Fui atendida en el IMSS y trasladada a la UMAE 4, donde un comité médico decidió respetar mi deseo de continuar con el embarazo y empezar tratamiento. Sin embargo, este compromiso se rompió por una infección hospitalaria y la decisión de trasladarme a Gineco 4, donde no se me brindó atención especializada. Finalmente, mi bebé nació por cesárea de emergencia el 26 de octubre y sobrevivió gracias a los cuidados neonatales.
El 1 de noviembre fui dada de alta y referida al Centro Médico Nacional Siglo XXI. El 12 de noviembre me presenté a consulta con el oncólogo Dr. Miguel Ángel Pluma, quien me recibió tras más de cinco horas de espera. Ahí me dijo que no podía recetar el tratamiento indicado: gemcitabina, cisplatino y durvalumab, porque no estaba autorizado para indicar inmunoterapia y el hospital no tenía el medicamento. También me dijo que “el pronóstico ya estaba dado y que el tiempo era relativo”, como si fuera irrelevante si recibía el tratamiento ahora o después. Esa postura fue también la oficial del hospital: dejarme esperar con un cáncer activo.
Ante esta negativa, y sin otra opción para mantenerme viva, inicié el tratamiento por mi cuenta en una clínica privada. Recibí 8 ciclos de quimioterapia bajo el protocolo Topaz-1, pero lamentablemente mi cáncer no respondió. En mayo de 2025, accedí a un estudio genómico que reveló una mutación clave: FGFR2-BICC1, una alteración que puede ser tratada con Pemigatinib (Pemazyre), un medicamento aprobado en EE.UU., pero inaccesible para quienes, como yo, dependemos del sistema público.
El 2 de enero de 2025 presenté una reclamación formal dirigida al Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y al Dr. Rafael Medrano Guzmán, director de la UMAE del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. También envié copia a la Presidencia de la República. Expuse todo lo que me hicieron pasar, los gastos que tuve que asumir y el abandono institucional del que fui víctima. Hasta la fecha, no he recibido respuesta.
Hoy, sigo luchando. Mi hija está viva y creciendo, y yo quiero seguir junto a ella. Exijo que el IMSS me reembolse los gastos que nunca debí pagar por un tratamiento que legalmente me correspondía. Pero más aún, exijo que me otorguen el medicamento Pemazyre, el único tratamiento con evidencia científica para mi tipo de cáncer. Mi vida vale tanto como la de cualquier otra persona.
A pesar de todo esto Rosa Andrea sigue buscando respuestas:
no es posible que después de tener más de 20 años cotizando, con un total de 1070 semanas cotizadas para ser más precisos desde 1998, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hoy la única ocasión que acudo para ser atendida, no se me proporcione ni garantice la atención médica y mucho menos los medicamentos.
Así lo refirió en su carta que fue entregada tanto al director del IMSS Zoe Robledo, como a la propia oficina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Pero hasta el día de hoy, su llamado no ha tenido respuesta favorable. Lo único que ha ocurrido ha sido la apertura de un expediente burocrático denominado queja administrativa que alarga más el tiempo de espera de Rosa Andrea, quien en los gastos de tratamientos privados ha tenido que recibir al menos 8 quimioterapias con un costo de $156 mil 187.42 pesos cada una.
Es decir, su familia ha tenido que desembolsar $1 millón 249 mil 499.36 pesos tan solo en quimioterapia, sin considerar demás gastos para apoyos legales que les permitan hacer valer su derecho.
Lo único que exigen es la atención médica necesaria y poder estar ahí para su hija, no piden más.
foto de portada: Adam Jones / cc-by