Naciones divididas / Editorial No.11
Las redadas en California que está realizando el gobierno de Donald J. Trump, a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), han provocado la indignación de un enorme sector de la población en ese estado, particularmente de residentes en la ciudad de Los Ángeles, donde se han implementado algunos de estos operativos con personal encapuchado y equipado hasta los dientes con trajes tácticos antimotines y fuertemente armados, que tienen como objetivo no solo a pandilleros y/o delincuentes de alto perfil, también la detención y expulsión de migrantes de clase trabajadora, cocineros, jardineros, albañiles.
Imagen: Cortesía / Unión del Barrio
Esta situación ha provocado el rechazo de autoridades de todos los niveles de gobierno en California y por supuesto de la ciudadanía fuertemente vinculada a la migración, llamada de otra forma: al "sueño americano".
El gobernador Gavin Newsom consideró las acciones del ICE como intencionalmente provocadoras, e instó a la población a manifestarse pacíficamente, pues considera que el objetivo del gobierno federal es armar un espectáculo, lo que provocaría una escalada en las tensiones.
"No les den uno. Nunca utilicen la violencia. Alcen la voz pacíficamente", refirió Newsom en sus redes sociales.
Y es que desde que iniciaron las primeras redadas el pasado viernes, que derivaron en al menos 44 personas detenidas en Los Ángeles, cientos de residentes se plantaron y protestaron frente a los agentes federales exigiendo su retiro, algunas personas incluso arrojándoles piedras a sus vehículos.
Una situación similar de protesta ocurrió días antes, en San Diego, cuando agentes del ICE irrumpieron en un restaurante local para detener a algunos de los trabajadores. En ese lugar un grupo de residentes mostraron su molestia manifestándose frente a los agentes federales, haciéndoles retroceder.
La tensión ha estado creciendo en las últimas horas, y las protestas siguen en diversos puntos de Los Ángeles, de ahí el llamado de Newsom, pues es justamente lo que desea evitar, que las cosas empeoren.
Mientras, la justificación de Trump es hacer valer la ley con puño de hierro.
El desencuentro entre el gobernador demócrata y el presidente republicano es evidente. A esto se le suma la agresividad, el bullying de Trump, que es aún más marcada. Trump se refiere a través de sus cuentas oficiales, incluyendo la de la Casa Blanca, hacia el gobernador de California bajo el vulgar término de Newscum, acusándole de no poder hacer su trabajo.
Apenas hace unos días el presidente norteamericano se veía envuelto en un escándalo al ser acusado por su otrora amigo, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, de encontrarse en la lista de multimillonarios vinculados al fallecido tratante Jeffrey Epstein.
Musk no solo dejó su trabajo como encargado de eficiencia gubernamental en el gobierno de Trump, sino que se lanzó todo un arsenal de acusaciones al presidente, por sus políticas económicas que considera muy malas.
Pero volviendo al tema central de este texto, lo que está ocurriendo en California es apenas el inicio de lo que parece ser la imposición de una política antiinmigrante que pone deliberada y retadoramente la violencia por enfrente del diálogo, una violencia inherente a la base de seguidores de Donald Trump, que se hizo ver en aquella toma del Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021; y que además es alimentada desde el gobierno federal estadounidense, no solo como distractor del escándalo y las declaraciones de Musk, sino como la aplicación de un plan con tintes racistas, anunciado desde la campaña del ahora presidente.
La sociedad norteamericana, nuestros vecinos, está viviendo cada vez más una radicalización en sus posturas políticas, que está encaminándoles a situaciones de violencia en las que, estoy seguro, nadie dentro de ese país resultará ganador.
A la par de todo esto, esa división de posturas ideológicas tiene algunas similitudes con la realidad que se vive en México. La radicalización de las ideas y la política nos colocan en un escenario bajo los mismos términos, incluso con menos garantías que en el caso de Estados Unidos.
Aquí, estamos en la antesala de una nueva dictadura, en el que la división de poderes y contrapesos legales y políticos han sido destruídos uno a uno. Siendo la última de esas acciones, la opaca elección en la que se renovó a la totalidad de jueces y magistrados del Poder Judicial del país, con el uso de 'acordeones', que permitieron al régimen marcar línea y colocar todas sus candidaturas afines en los distintos cargos.
En México, tener la razón parece ya no ser suficiente si no se tiene el visto bueno del gobierno. Es decir, si una situación irregular que se denuncia afecta a un personaje ligado a la autodenominada cuarta transformación, se está en contra de toda la secta obradorista, y por ende se es enemigo del Estado, mientras el asunto denunciado se guarda en un cajón.
Lo que parecía impensable allá en Estados Unidos, y lo que parecía impensable aquí en México, ha tomado forma en dos estructurados y sistemáticos planes de grupos radicales, dispuestos a hacerse del poder bajo cualquier método.
Cabe ahora reflexionar, ¿qué futuro tendrán estos regímenes? y ¿quiénes serán los principales beneficiados de que estas dos naciones de Norteamérica estén partidas, en dos?.
La única que ha mostrado unidad y un nivel de cordura en estos rumbos ha sido Canadá. Al menos por ahora.